Hay algo profundamente perturbador en la forma en que los valencianos hemos terminado acostumbrándonos a contemplar el esqueleto inacabado del Nou «Mestala» (pronunciación Meriton). Lo vemos desde hace tantos años que casi ha dejado de sorprendernos. A pesar del supuesto avance de las obras, formará parte siempre del paisaje urbano, igual que una vieja fábrica abandonada o una ruina industrial que nadie se atreve a derribar.

Sin embargo, detrás de esos miles de toneladas de hormigón existe una historia mucho más importante que la simple reanudación de una obra. Lo que permanecía detenido desde hace casi dos décadas no era únicamente un estadio. Lo que permanecía suspendido era una promesa colectiva, un compromiso adquirido con toda una ciudad y, en cierto modo, una parte significativa de la dignidad de una de las instituciones deportivas más importantes que ha producido la sociedad valenciana contemporánea.

El Valencia Club de Fútbol nunca fue solamente una empresa. Tampoco fue únicamente una entidad deportiva. Durante más de un siglo actuó como uno de los grandes elementos vertebradores de la identidad valenciana, un espacio de encuentro donde coincidían trabajadores, comerciantes, profesionales liberales, estudiantes, jubilados y familias enteras procedentes de todos los rincones de nuestro territorio.

¿A qué niño valenciano no lo llevaron de pequeño —su abuelo, su padre o su tío— un día a un partido a Mestalla? Cuantas generaciones conservan en su memoria esa experiencia personal tan especial y, al mismo tiempo, inexplicable. ¿Quién no repitió, a su vez, con sus nietos, hijos, sobrinos… Solo los miles de afortunados que tuvieron la suerte de vivirla saben de qué estoy hablando.

En una época en la que las instituciones tradicionales pierden capacidad de cohesión social y los vínculos comunitarios se debilitan progresivamente, resulta paradójico observar cómo uno de los pocos símbolos capaces todavía de generar un sentimiento colectivo transversal parece haber sido reducido a la condición de simple activo económico dentro de una gigantesca operación financiera e inmobiliaria.

Los hechos conocidos son suficientemente elocuentes. El viejo Mestalla continúa en pie mientras el Nou «Mestala» sigue intentando escapar de la condición de monumento al fracaso urbanístico. Durante estos años han pasado gobiernos municipales del Partido Popular, gobiernos municipales de izquierdas, ejecutivos autonómicos conservadores y progresistas, diferentes presidentes del club, numerosos directivos y múltiples actores económicos.

Cada uno de ellos ha aportado sus propias explicaciones, sus propios calendarios y sus propias promesas. Sin embargo, el resultado final siempre ha sido idéntico: la situación permanece sin resolverse y los valencianos continúan observando cómo una cuestión que afecta al corazón simbólico de la ciudad parece desarrollarse en una esfera separada de la ciudadanía.

Como progresista y demócrata, siempre he desconfiado de las explicaciones excesivamente simples. La realidad suele ser más compleja que los relatos que pretenden dividir el mundo entre héroes y villanos. Sin embargo, existe una evidencia difícil de ignorar. Cuando durante tantos años coinciden grandes intereses financieros, operaciones urbanísticas multimillonarias, importantes expectativas de revalorización del suelo y una notable opacidad informativa, resulta legítimo preguntarse si el interés general ha ocupado realmente el lugar central que debería haber ocupado en todo este proceso.

La cuestión no consiste en demonizar a empresas constructoras, grupos inversores o promotores inmobiliarios. Todos ellos persiguen beneficios y esa es precisamente la función para la que fueron creados. El problema aparece cuando las instituciones públicas dejan de actuar como contrapeso democrático y comienzan a comportarse como simples administradores pasivos de dinámicas económicas que deberían supervisar con mucho mayor rigor.

La llegada de Peter Lim y Meriton Holdings fue presentada en su momento como una solución para los problemas estructurales del club. Numerosos aficionados aceptaron aquella narrativa porque el Valencia atravesaba una situación económica extremadamente delicada y parecía necesario encontrar una salida. Más de una década después, la percepción dominante entre amplios sectores del valencianismo resulta muy diferente. La distancia entre la propiedad y la masa social es probablemente la mayor que se recuerda en la historia moderna del club.

Las decisiones estratégicas se toman a miles de kilómetros de Valencia. La interlocución con la afición prácticamente ha desaparecido. La comunicación institucional se percibe frecuentemente como insuficiente y la sensación de desarraigo ha terminado convirtiéndose en una de las características centrales del actual modelo de gestión.

No se trata únicamente de resultados deportivos —el club transita deportivamente a la deriva—, aunque éstos también forman parte del problema. Lo verdaderamente preocupante es la impresión creciente de que el Valencia ha dejado de ser concebido como una comunidad humana para convertirse fundamentalmente en un conjunto de activos susceptibles de generar rentabilidad.

Desde esa lógica, el estadio es un activo. Los terrenos son activos. La marca es un activo. Los jugadores, aunque cada vez más devaluados, son activos. Incluso los aficionados terminan siendo contemplados como consumidores. Lo que desaparece entonces es precisamente aquello que hizo grande al Valencia durante más de cien años: su condición de patrimonio emocional colectivo.

Las administraciones públicas tampoco pueden eludir su parte de responsabilidad. Durante demasiado tiempo han permitido que la ciudadanía asistiera como mera espectadora a decisiones que afectan profundamente al paisaje urbano, a la memoria colectiva y a la propia identidad de la ciudad. El derribo del viejo Mestalla penderá durante años en la conciencia de sus promotores y de todos aquellos que lo consintieron poniéndose de perfil.

La función de las instituciones no consiste únicamente en tramitar licencias o verificar expedientes administrativos. Su obligación democrática consiste también en garantizar que los intereses generales prevalezcan sobre los particulares cuando ambos entran en conflicto. Resulta difícil sostener que ese objetivo se haya cumplido plenamente cuando miles de aficionados continúan sin comprender con exactitud qué compromisos existen, qué plazos son realmente exigibles, qué beneficios obtendrán los distintos actores implicados y qué mecanismos efectivos de control público están actualmente en funcionamiento.

La comparación con otros modelos europeos resulta especialmente reveladora. Mientras en Alemania los aficionados conservan una capacidad real de influencia gracias a la conocida regla del 50+1 y mientras diversos países europeos han desarrollado fórmulas destinadas a proteger la dimensión social de sus clubes históricos, en España seguimos observando cómo instituciones centenarias pueden quedar sometidas a estructuras de poder extraordinariamente alejadas de las comunidades que les dieron origen.

La paradoja es evidente. Los aficionados sostienen económicamente el sistema mediante entradas, abonos, consumo televisivo y productos oficiales, pero apenas disponen de mecanismos efectivos para influir en las decisiones que condicionan el futuro de las entidades que aman.

Quizá por eso el verdadero debate ya no sea únicamente futbolístico. Lo que está en juego es una determinada concepción de la democracia y de la ciudad. La pregunta fundamental consiste en determinar si los símbolos colectivos pertenecen exclusivamente a quienes poseen los títulos de propiedad o si existe también una dimensión moral, cultural y comunitaria que debe ser protegida.

Desde mi punto de vista, el Valencia CF pertenece jurídicamente a sus accionistas, pero pertenece sentimentalmente a cientos de miles de valencianos. Ignorar esa realidad constituye un error político de enormes dimensiones y una demostración de miopía histórica que algún día acabaremos pagando como sociedad.

Por todo ello resulta imprescindible exigir auditorías independientes, transparencia documental completa y mecanismos permanentes de rendición de cuentas. No para alimentar teorías conspirativas ni para buscar culpables imaginarios, sino precisamente para fortalecer la confianza pública.

Cuando las decisiones son correctas, la transparencia las legitima. Cuando las decisiones son cuestionables, la transparencia permite corregirlas. Lo que nunca puede aceptarse en una democracia madura es que asuntos de semejante trascendencia permanezcan envueltos durante años en una niebla de incertidumbre, rumores e información fragmentaria.

El viejo Mestalla sigue contemplando la ciudad desde sus gradas cargadas de memoria. Tal vez por eso continúa provocando emociones que ningún proyecto inmobiliario podrá cuantificar jamás. En sus escaleras permanecen los recuerdos de generaciones enteras de valencianos. Allí siguen las voces de quienes celebraron títulos, lloraron derrotas y encontraron un sentimiento de pertenencia que iba mucho más allá del fútbol.

Quizá la verdadera cuestión no sea cuándo se terminará el Nou Mestalla. Quizá la verdadera cuestión sea si cuando finalmente se inaugure quedará todavía algo de aquella alma colectiva que convirtió al Valencia Club de Fútbol en mucho más que una empresa. Porque los estadios pueden construirse con hormigón, acero y dinero. Pero la identidad de un pueblo solo puede construirse con memoria, respeto y participación democrática.